LA REFORMA LABORAL CALDERONISTA,
¡UN PELIGRO PARA LOS TRABAJADORES!
El pasado 18 de marzo el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó el proyecto de reforma laboral anunciado desde hace un año, por el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Ignorando las propuestas de especialistas, del movimiento sindical democrático, la academia, la sociedad civil y la experiencia internacional, el gobierno federal se limitó a formular una propuesta en la que se resumen únicamente las exigencias más agresivas de los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana, tales como
La pretensión de reducir los costos de los despidos injustificados al proponer que pago de los salarios caídos en los juicios laborales se reduzcan a seis meses, y que el resto del tiempo sea a costa del trabajador, como si no se supiera que todos los juicios laborales se demoran no menos de dos años para concluir por causas imputables a los patrones y al propio gobierno, debido también a la integración tripartita de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a un conjunto de factores ajenos a los trabajadores.
La STPS pretende autorizar la subcontratación de personal (Outsourcing) hasta ahora ilegal, pero que ya se aplica en diversas empresas privadas y públicas, tales como VW, Telmex y la propia Universidad Autónoma de Puebla, así como la contratación y pago por horas, además de permitir los contratos temporales a prueba y el despido de los trabajadores y trabajadoras de hasta tres años de antigüedad.
Se pretende eliminar la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva, ya que se exige como requisito para disputar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo la realización de trámites que incluyen la identificación y firma de los trabajadores inconformes, fortaleciendo así, el actual sistema de contratos de protección patronal.
Se obstaculiza las de por sí ya difíciles existencia y funcionamiento de las organizaciones sindicales al imponer más requisitos para su registro y toma de nota, como es la sustitución del voto secreto en los procesos electorales por el “voto secreto o votación pública”, facilitando la actual prerrogativa empresarial de escoger al sindicato de su preferencia, aún en contra de la voluntad de los trabajadores, tal como hoy sucede en la UAP y otras instituciones. De este modo, no sólo no se impide que las Juntas de Conciliación y Arbitraje sigan actuando a favor de los patrones, sino que ahora además se les faculta para que obstaculicen el registro y toma de nota de los sindicatos con nuevos requisitos.
Se pretende restringir más aún el derecho de huelga al obligar a los sindicatos a informar previamente los nombres de los trabajadores inconformes cuando se pretenda emplazar a huelga en busca de la firma de un contrato colectivo de trabajo o cambiar de sindicato. Del mismo modo, se busca otorgar carácter de ley a prácticas y maniobras procesales, como la figura del allanamiento en materia de huelga y nuevas causas de inexistencia (léase Minera México).
Esta es la Ley que el gobierno panista de Felipe Calderón pretende aprobar en la cámara de diputados, donde el PRI y el PRD han dicho que “no pasará”. La única forma de evitar que los dirigentes del PRI y PAN lleguen a una negociación “en lo oscurito”, como acostumbran, y se consume la aprobación de la mencionada ley en el próximo período de sesiones de septiembre de la Cámara de Diputados, es profundizando en su conocimiento y el de la propuesta alternativa que presentó el PRD-UNT el pasado mes de abril, con el objeto de definir la mejor estrategia de movilización de los trabajadores de todo el país, que tendrá como una de sus fechas más inmediatas, los días 23 y 24 de mayo en la ciudad de Teotihuacan, Estado de México, durante los cuales se celebrará el II Congreso Ordinario de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior. Con el propósito de contribuir a esta inaplazable tarea, hemos incluido en este sitio los documentos básicos relacionados con la propuesta del gobierno federal.