Por este medio denunciamos que el gobierno del Lic. Mario Marín Torres en estado de Puebla, a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ha violado reiteradamente en perjuicio del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (SUNTUAP) el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, suscrito por el gobierno mexicano al negar ilegalmente la toma de nota a los comités ejecutivos electos por los profesores y trabajadores universitarios desde 1996, como lo confirman los diversos amparos obtenidos por nuestra organización sindical en los tribunales del poder judicial federal.
Los hechos más recientes registrados en la JLCA nos permiten ver que se prepara un nuevo atraco contra el SUNTUAP, consistente en que la JLCA otorgue la toma de nota no al comité ejecutivo que encabeza Guillermo López Mayo, quien la solicitó después de un proceso de elección cumpliendo con todos los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), sino a un comité espurio integrado por un grupo de trabajadores jubilados encabezados por José Marroquín Rojas e Hilario Hernández Bazán, que desertaron del SUNTUAP hace años, pero que han utilizado indebidamente su nombre para cobrar cuotas sindicales a trabajadores jubilados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Los pasos para instrumentar esta estrategia concebida por funcionarios del gobierno del estado de Puebla y a la que nos ajena la administración del rector Enrique Agüera Ibáñez de la BUAP, se inició desde el momento en que estas autoridades públicas y universitarias llegaron a la conclusión que todas sus maniobras por obstaculizar la toma de nota para el comité ejecutivo del SUNTUAP no serían suficientes para impedir que se nos diera, pues en repetidas ocasiones los tribunales del poder judicial federal han concedido los amparos que ha solicitado el SUNTUAP dejando en claro que el citado grupo de desertores no tienen el carácter de terceros perjudicados en nuestra solicitud de toma de nota. Precisamente, después del último amparo que obtuvo el SUNTUAP en el que el juzgado octavo de distrito requirió a la JLCA para que emitiera una resolución sobre nuestra solicitud de toma de nota apegándose estrictamente a los requisitos que establece el artículo 365 de la LFT, es que el citado grupo de jubilados promovieron un recurso de revisión, el cual, de acuerdo a lo antes citado, deberá ser denegado próximamente por el poder judicial.
En tales circunstancias, en noviembre pasado, en forma inverosímil, el grupo de desertores jubilados solicitó la toma de nota en la JLCA, ostentándose falsamente como integrantes de un supuesto comité ejecutivo del SUNTUAP electo en asamblea general. Con el propósito de ocultar su mano, la JLCA no dio respuesta oficialmente a esta solicitud de manera inmediata, dando motivo a los desertores del SUNTUAP para promover un recurso de revisión en el juzgado noveno de distrito para que la JLCA emitiera una resolución, el cual les fue concedido el pasado 7 de enero. El siguiente paso podría ser que la JLCA otorgara la toma de nota al comité espurio. Nuestro temor se funda en la actuación que la JLCA ha tenido desde 1993 en contra del SUNTUAP, al negarle la toma de nota a sus comités ejecutivos, al retirarle su registro sindical que después recuperó mediante amparos y en impedir que participe en la revisión de su contrato colectivo de trabajo con la administración de la BUAP, no obstante haber demostrado ser el titular del mismo.
Los responsables de esta nueva ofensiva contra el SUNTUAP son el gobernador del Estado de Puebla Mario Marín Torres, quien no se ha distinguido por su respeto a los derechos de los ciudadanos ni a los de las organizaciones sindicales, sus subalternos, el presidente de la JLCA y los secretarios de gobernación y de trabajo y competitividad, así como funcionarios de la BUAP, a partir del contubernio iniciado desde inicios de los noventa entre los gobiernos priístas del estado de Puebla con los rectores de la BUAP. Lo novedoso en esta ocasión es el uso de una estrategia que la JLCA no había aplicado antes contra el SUNTUAP, aunque si lo hizo hace unos meses contra el sindicato de la empresa textil Mex-Mode ubicada en Atlixco, Puebla, avalando con su presencia el desconocimiento de la dirección electa por los trabajadores y entregando con celeridad la toma de nota al comité ejecutivo auspiciado por la organización paramilitar Antorcha Campesina.
Una consecuencia que tendría este intento por desaparecer al SUNTUAP, sería el posible despojo de su patrimonio, consistente en el predio de 12 hectáreas ubicado en la Ex Hacienda de Vaquerías, al sur de la ciudad de Puebla sobre los cuales, reiteradamente ha reclamado derechos que no les corresponden el citado grupo de jubilados desertores.
Sin embargo, la consecuencia más grave del posible atraco, sería que dichos individuos conjuntamente con los representantes de la BUAP acordaran la nulidad del contrato colectivo de trabajo que firmó el SUNTUAP con la administración de la BUAP por última vez en 1992, y cuya vigencia ha sido desde entonces, el único refugio legal a los trabajadores universitarios para defenderse de los despidos injustificados, salarios y prestaciones no pagadas y toda la gama de políticas neoliberales instrumentadas por las últimas administraciones de la BUAP.
H. PUEBLA DE Z., 19 DE ENERO DE 2009
COMITÉ EJECUTIVO DEL SUNTUAP